Desnudos de derechos: inmigrantes sin papeles
Desde Claver vemos como se empiezan a vivir momentos verdaderamente difíciles. Ya no solo por la falta de empleo y recursos en general, sino por la amenaza que empiezan a surgir para algunos colectivos, especialmente los más vulnerables como los inmigrantes, con las medidas de recorte de servicios y de derechos. Nuestra preocupación tiene que ver especialmente con los aires de recelo y rechazo que empiezan a invadir los diferentes espacios, hacia la población inmigrante. “Si vas en el autobús, si entras al centro médico, si estás en el colegio, empiezas a escuchar cosas que nunca pensé que oiría…” cuenta una chica peruana agobiada por el cambio en el trato que recibe desde hace un tiempo tras.
Nuestra preocupación es que esta crisis además de recortes de derechos, en el fondo, termine siendo un recorte en valores que hasta ahora han sido claves para la convivencia y la calidad de vida de un país como España. Y pareciera exagerado o populista una afirmación como esta, pero si vemos los detalles de lo que está pasando comprenderemos que es más grave que un simple ajustarnos en época de crisis, especialmente con el último anuncio del gobierno de suprimir la atención sanitaria a personas inmigrantes que carecen de documentación o que no han podido renovarla por la falta de empleo. Por ejemplo, el otro día leía en el periódico, el caso de los inmigrantes que enfermos de VIH sida (irónicamente enfermaron en España), que hoy están desempleados y que no podrán renovar sus tarjetas de residencia, no recibirán el tratamiento de retrovirales y por tanto serán los sacrificados para poder equilibrar las cuentas de nuestro déficit (El País 27 de abril de 2012).
Afinemos un poco más, una joven de 20 años que vive en España desde hace tres años le dio la cara una enfermedad en los riñones hace poco y necesita diálisis. Sus padres, ella camarera y el albañil, perdieron el empleo, ¿otra elegida para morir? Pero, ¿qué podemos hacer? Si no hay dinero se repite la buena gente, decente y cristiana que considera que hay decisiones que no nos gustan pero, así es la vida, mientras caminan ya con dificultad y quizá -ojalá no tan pronto- necesite una persona (quizá peruana o paraguaya) que la ayude a cruzar las calles o ducharse u otras necesidades básicas para poder vivir.
Otra persona de 83 años, ex militar, un ciudadano español que necesita apoyo debido a su salud deteriorada, y su cuidadora una mujer boliviana, que eficiente y cercana cuidaba de sus salud dándole las medicinas a su hora. Cayó en una redada selectiva por indocumentada y fue internada en un CIE sin poder defenderse con abogado alguno, sin que sus familiares fuesen notificados, cuanto más en la sombra mejor, pero lo más probable que, como en otros casos la policía tuviese órdenes de quitar de las calles “gente que sobra”, inmigrantes sin trabajo (como se ha demostrado por denuncias de los mismos sindicatos de la policía) y tenía preparado un vuelo llenito de bolivianos para ser repatriados. Menos mal que le concedieron una llamada (una sola) porque “si no se me muere el viejito que cuido pues señores”, muy respetuosa ella, y gracias a que los familiares de este hombre pudieron mover cielo y tierra pudieron bajarla del avión literalmente (El Mundo, revista dominical del 14 de enero de 2012). Yo me pregunto ¿le habrán dado el alta para que la mujer que, de algún modo también podríamos decir que le salvó la vida al anciano que cuidaba, pueda ahora tener un poco de calidad de vida?
Otro caso parecido, una chica nicaragüense 5 años de interna cuidando al mismo anciano, nunca le dieron de alta en la seguridad social, aunque “no le trataban tan mal”, ella cuenta “no quise dejarlo porque me daba pena, estaba tan solo, sus hijos no querían ni llamarlo”. Si enferma no podrá ser atendida, no tiene ningún derecho.
Creemos pues, que este recorte en tema de sanidad es una violación a los derechos humanos, a los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos y sobre todo es un retroceso de los valores morales que como sociedad democrática ha forjado España durante décadas. Hacemos un llamado para que el gobierno recapacite y retire esta medida que avergüenza a todos.
